La iniciativa apoyada por el diputado Raúl Soto, permite que los trabajadores del sector público también puedan reclamar la violación de sus derechos en su relación con el empleador como está establecido para el sector privado.
Por 142 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de la tutela laboral a los trabajadores públicos, una “garantía mínima” que estaba “en deuda con los trabajadores del sector público” según lo explicó el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto.
La tutela laboral es un procedimiento por el cual, un trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, que hasta el momento solo aplica para el sector privado, sin embargo, la iniciativa aprobada extiende este derecho a los trabadores del sector público.
Al respecto, el diputado Soto explicó que este proyecto y su aprobación “sintoniza con las demandas de la ciudadanía”, ya que, “la gente está reclamando hoy día por el fin de un modelo político, económico, social y también laboral que nos heredó la dictadura, a través de decretos, leyes y mediante la Constitución del 80, que impide hacer cambios sustanciales en materias tan relevantes como esta y que, además ha institucionalizado la desigualdad y el abuso en nuestro país”.
“Hoy podemos decir que comenzamos a saldar una deuda con los trabajadores del sector público” enfatizó el parlamentario y añadió que “cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de los derechos todos los trabajadores y trabajadoras por su condición humana y cuando un Estado le niega la protección de los derechos fundamentales, no solo le niegan la condición de trabajador como dependiente del Estado, si no que la condición como persona”.
Actualmente el sector público no tiene un marco de garantías frente a derechos fundamentales, por lo que se excluye la intervención de la Inspección del Trabajo cuando hay situaciones de despido injustificado o vulneración a derechos laborales, por lo que el proyecto “es un verdadero beneficio para quienes han sido olvidados en materia laboral y como Congreso, nos ponemos al día después de no haber estado a la altura de lo que los trabajadores necesitan” afirmó Soto.
“Empezamos por entregar esa garantía mínima de que, por ser trabajadores, bajo la dependencia del Estado van a tener herramientas institucionales para poder defenderse judicialmente cuando se les pisotea, cuando se les vulnera en esos derechos fundamentales. Esta es una condición mínima para la convivencia humana, es una condición mínima para recomponer un modelo laboral, que está obsoleto y fracasado y que requiere una reestructuración de todo lo que son las libertades individuales de trabajo y también los derechos colectivos”.
