Si bien la parlamentaria calificó como “importante” que los trabajadores sean incorporados al régimen de seguridad social del país, acusó una “contradicción” al interior del Estado, puesto que siguen siendo fiscalizados y tratados como “irregulares” por otras autoridades.
La diputada por la Región de O’Higgins y subjefa de la Bancada UDI, Natalia Romero, recurrió esta mañana a la Contraloría General de la República solicitando que puedan emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución 132 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que entró en vigencia el pasado 1 de marzo, y que obliga a las plataformas digitales que operan en Chile -entre ellas Uber- a emitir cada mes una boleta de honorarios a todos los trabajadores que hayan prestado servicio, provocando con esto que se les retenga el 13,75% de las ganancias que obtengan mensualmente.
Al respecto, si bien la parlamentaria coincidió con que esta medida -que se viene aplicando desde hace varios años a todas las personas que trabajan de manera independiente en el país- permitirá a los conductores de las aplicaciones de transporte acceder a los sistemas de seguridad social, advirtió que existiría una contradicción y una incongruencia en su implementación, toda vez que al no entrar aún en vigencia la denominada “Ley Uber”, los trabajadores siguen operando de forma desregulada.
En ese sentido, la legisladora aseguró que “pese a que creemos que es sumamente importante que los conductores sean incorporados al régimen de protección social, justamente en caso de accidentes, cesantía o incluso pensando en su jubilación, no parece justo que -en paralelo- sigan siendo tratados como irregulares y corran el riesgo de que les requisen su vehículo o sean multados”.
“Hemos decidido recurrir a la Contraloría General de la República porque estamos frente a una evidente contradicción, que lo único que termina es generando mayor inquietud entre los trabajadores de aplicaciones de transporte de pasajeros. Por un lado, el SII les exige desde marzo contribuir con el 13,75% de sus ganancias para ser ingresados al sistema de seguridad social que brinda nuestro país, lo que nos parece correcto, pero por otro lado, siguen siendo fiscalizados y controlados por la autoridad. Por lo tanto, mientras algunos están reconociendo como legal la actividad que desempeñan, otros la siguen sancionando, lo que no parece justo”, cuestionó Romero.
Por lo mismo, en su escrito ante la Contraloría, la representante de O’Higgins solicitó que puedan pronunciarse “sobre la posible controversia derivada, por una parte, de la formalización de las actividades a través de la emisión de boletas de honorarios y, por otra parte, de las fiscalizaciones y sanciones al rubro por encontrarse en el país en una condición de informalidad o de irregularidad”.
En esa línea, a juicio de la diputada Romero, lo ideal habría sido que la resolución del SII comenzara a aplicarse una vez que entrara en vigencia la denominada “Ley Uber”. “Lo más lógico hubiese sido que la regularización de las aplicaciones de transporte se implementara de manera transversal, y no por goteo como está ocurriendo ahora. Lamentablemente, lo único que viene a generar esta medida -que en ningún caso cuestionamos su fondo, pero sí la forma- es una mayor incertidumbre entre los miles de conductores que dependen económicamente de este servicio”, reiteró la parlamentaria.
