La representante de O’Higgins cuestionó que en la iniciativa del Ejecutivo sea el propio condenado el que deba solicitar su deportación, a diferencia de la propuesta que presentó a mediados de año, donde el juez tiene la obligación de sustituir la pena por la expulsión.
Como “absolutamente insuficiente” calificó la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, el proyecto de ley que presentó el Gobierno -y que fue aprobado por la Cámara Baja- para expulsar a los extranjeros condenados por delitos asociados a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, asegurando que no se hace cargo de la grave realidad que vive el país y que, además, establece una serie de requisitos para concretar el proceso, entre ellos que el propio condenado solicite ser deportado del país, lo que a su juicio resulta “utópico”.
Al respecto, la parlamentaria justificó su voto en contra considerando que, en julio de este año, también presentó una iniciativa en similares términos, pero que obligaba al juez de un tribunal a sustituir la pena por la expulsión del territorio a quienes hayan sido condenados por la Ley 20.000 o la Ley de Control de Armas. Lo anterior, explicó la diputada Romero, puesto que el Estado desembolsa alrededor de 800 mil pesos al mes por cada interno en el país y que, de acuerdo con un estudio reciente, la población penal extranjera aumentó en un 30% durante este año.
“Era muy necesario que este proyecto de ley hubiese considerado también la realidad que vive nuestro país en materia de seguridad ciudadana. Por cierto que es importante descongestionar los recintos penitenciarios, pero no vamos a lograrlo si el Gobierno propone un texto con una serie de requisitos muy exigentes y donde, además, es el propio condenado el que tiene que solicitar la expulsión, como si se tratara de una suerte de beneficio”, cuestionó la legisladora, quien insistió en que “la grave crisis de seguridad que vivimos ha provocado, incluso, que muchas familias estén presas en sus mismos hogares, por el temor de ser víctimas de estas organizaciones y mafias criminales, que tienen secuestrado los barrios y también a nuestros niños y jóvenes”.
En esa línea, la representante del Distrito 15 cuestionó, por ejemplo, que para que un extranjero sea expulsado no sólo debe solicitarlo personalmente, sino que también cumplir con distintos requisitos, como haber cumplido un tercio de la pena y mantener un comportamiento “muy bueno” o bueno”, lo que a juicio de la diputada “se asemeja más a un perdonazo que a una expulsión”.
“En lo personal, no voy a ser cómplice de un ‘perdonazo’ a los extranjeros que han llegado con el único objetivo de delinquir a nuestro país, porque el proyecto del Gobierno podría provocar que los ciudadanos de otras nacionalidades que soliciten su expulsión vuelvan a ingresar de manera irregular, sin que exista un catastro de aquello”, sostuvo la parlamentaria, quien finalmente reiteró la necesidad de otorgarle máxima urgencia al proyecto de ley que ingresó a mediados de año.
“Hace cinco meses que ingresamos esta iniciativa y el Ejecutivo tiene una oportunidad tremenda de patrocinarla y avanzar en un proceso de expulsión masivo y obligatorio. Es la única manera que tenemos para retomar, poco a poco, la tranquilidad y seguridad de nuestro país”, insistió Romero.
