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Raúl Soto Mardones. Abogado

Durante la última semana un sistema frontal dejó caer intensas precipitaciones afectando las comunas de nuestra región. Muchas de ellas tuvieron prolongados cortes de energía eléctrica en zonas urbanas y localidades rurales, con miles de vecinos y vecinas afectados.

Ante esta situación, una vez más la CGE ha tenido una respuesta lenta y deficiente a los múltiples reclamos realizados por los ciudadanos y sus autoridades locales. Son miles las personas que no contaron durante días con un servicio básico como la electricidad, muchos de ellos sufriendo perdidas de electrodomésticos, medicamentos que requieren refrigeración, alimentos, e incluso grandes cantidades de mercadería en el caso de nuestros pequeños emprendedores y comerciantes. Asimismo, se afectaron establecimientos educacionales, centros de atención de salud, jardines infantiles, sistemas de agua potable rural, plantas de tratamiento y otros servicios básicos de primera necesidad de la población. Tanto los vecinos, como sus representantes más cercanos, Alcaldes y Concejales, se vieron impotentes frente a la nula capacidad de respuesta y solución por parte de la CGE.

Frente a estos hechos hacemos nuestro el malestar ciudadano y señalamos públicamente el rechazo al actuar inoportuno y negligente de una empresa que ya comienza a colmar la paciencia de ciudadanos y autoridades de nuestras comunas, quienes pagan altos costos por un servicio defectuoso.

La CGE tiene la obligación de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar los cortes de suministro. Si consideramos que las precipitaciones por sí solas no provocan cortes, sino más bien son las caídas de árboles, ramas y otros objetos externos los causantes, resulta evidente que una correcta mantención por parte de la empresa ayudaría a prevenir estas emergencias.

Ahora bien, una vez que los cortes se han producido, la CGE tiene la obligación de redoblar sus esfuerzos para recuperar a la brevedad el servicio, aumentando sus cuadrillas y sus equipos de call center para responder a los requerimientos. Esto tampoco ha ocurrido en forma satisfactoria.

Por ello, realizamos un llamado a los vecinos y autoridades locales a ejercer los derechos y herramientas que la legislación vigente entrega. Ya sea exigiendo por la vía administrativa una respuesta oportuna; verificando y exigiendo a la empresa pagar el doble del valor de la energía no suministrada –como lo exige la normativa vigente-, lo que deberá aparecer como un descuento en la boleta subsiguiente de consumo de cada hogar afectado; o bien, recurriendo por la vía administrativa y/o judicial, de forma individual o colectiva, para exigir compensaciones e indemnizaciones por los daños provocados.

Nuestras comunas, sus vecinos y vecinas merecen empresas responsables y eficientes.

¡Es nuestro deber exigirlo!

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