La parlamentaria por O’Higgins integrará la comisión encargada de revisar la acusación constitucional deducida en contra del titular del Minvu por el denominado “Caso Convenios”.
Luego de salir sorteada para integrar la comisión que analizará la acusación constitucional (AC) presentada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, por su eventual responsabilidad en el denominado “Caso Convenios”, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, aseguró que actuará con “total objetividad” y “dando garantías a todos los involucrados”.
Al respecto, si bien su bancada es una de las que impulsó y firmó dicha acción, la parlamentaria sostuvo que “lo más importante en esta instancia es que todas las partes tengan el mismo espacio y derecho a manifestar su postura, tanto quienes presentaron el libelo como los que están acusados”.
“La comisión revisora tiene la obligación de que ambas partes tengan la misma posibilidad de acción. Nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos de la institucionalidad, de manera que una vez que nos constituyamos e iniciemos el trabajo, tengan por seguro que todos van a tener la misma posibilidad de presentar sus cargos y descargos, según sea el caso”, reiteró la diputada Romero.
En esa línea, independiente de que dentro de los cinco diputados que salieron sorteados haya tres que pertenecen a bancadas que firmaron el libelo acusatorio, la parlamentaria insistió en que “nuestra única función es escuchar a todos los profesionales y expertos que quieran participar de este proceso, para luego tomar una posición responsable en función de los hechos que conocimos”.
De todas maneras, la diputada Romero no escondió sus cuestionamientos políticos a la gestión de Carlos Montes, manifestando que “evidentemente, tal como lo señaló la comisión investigadora y como también lo ha evidenciado la propia Contraloría, el titular de Vivienda es uno de los principales responsables políticos de que se haya cometido este fraude al interior de su ministerio”, agregando que “lo que corresponde ahora es dilucidar si infringió la Constitución o dejó de ejecutar las leyes”.
“No podemos ignorar que esta acusación constitucional se presenta en el marco de uno de los casos de corrupción más graves del último tiempo en nuestro país, donde se han defraudado millonarios recursos que estaban destinados a las familias más vulnerables de nuestro país y cuyo mecanismo, según lo describió la Contraloría, se repetía en prácticamente todas las regiones. Por eso es importante determinar la responsabilidad que tuvo el ministro Carlos Montes, porque es en su propio ministerio donde se han malversado millones de pesos y por los cuales ya hay personas, entre ellos ex funcionarios públicos, incluso en prisión preventiva”, reiteró la parlamentaria por O’Higgins.
