La comisionada Katherine Martorell defendió en la subcomisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, que Gendarmería tenga reconocimiento constitucional y se le incluya en el Capítulo que trata sobre las fuerzas de orden y seguridad. Esta enmienda, señaló, “busca el reconocimiento constitucional a la labor de Gendarmería y al rol, en materia de reinserción social, que esta institución cumple”. Se propone que se añada esta iniciativa como apartado en el Capítulo de Orden y Seguridad.
Sobre este punto, el comisionado Hernán Larraín destacó que “la labor de Gendarmería es extraordinariamente valiosa y muy poco relevante a ojos de nuestro país. Es una labor que no se considera en toda su dimensión y envergadura, lo que es totalmente injusto”. Para argumentar su postura en cuanto a que se constitucionalice esta institución, añadió que, además, los funcionarios trabajan en condiciones muy complejas, “no sólo en un medio como son los recintos penales, lo que es muy duro, sino que es una labor completamente necesaria y sin reconocimiento; doblemente duro”.
A juicio de Larraín, Gendarmería no sólo tiene la misión de custodia y vigilancia, sino que “cumple una labor que no tiene visibilidad, cual es la tarea de reinserción social”. Explicó que esta tarea tiene un valor en sí misma y, además, evita la reincidencia. “Me parece una miopía cuando se trabaja en temas de seguridad no incorporar a Gendarmería en la cadena de seguridad”. El trabajo que se puede hacer desde los recintos penales, dijo, no se agota en la reinserción, sino que también es una fuente de información respecto de la acción criminal que se desarrolla fuera de los penales a través de instancias de inteligencia. Enfatizó que, “relevarlo a nivel constitucional es repensar esa cadena”.
La comisionada Natalia González defendió la idea de que “Gendarmería tiene características iguales a las que se están regulando en las FFAA y las Fuerzas de seguridad, Carabineros y la PDI; es decir, son jerarquizadas, tienen en sus atribuciones el uso de la fuerza y escuela propia.
Los comisionados Gabriel Osorio y Antonia Rivas se declararon en estado de reflexión sobre esta materia, ya que –como dijo el primero- “tengo dudas, ¿por qué Gendarmería sí y no otros órganos que se dedican también a la reinserción social no estarían en la Constitución?”. Junto con destacar la relevancia del trabajo de Gendarmería, manifestó que “tengo dudas si Gendarmería tiene el carácter de policía” y aclaró que “no todo lo relevante tiene que ser constitucional. En la misma línea, la comisionada Rivas señaló que “es ineludible darle herramientas para el control del crimen organizado, pero no estoy convencida que deba incluirse en el apartado de las fuerzas de orden público”. Alertó, además, que “en las bases institucionales se establece que son policías únicamente, Carabineros y la PDI”.
Descentralización
En cuanto a materias de descentralización, la comisionada Rivas defendió que se deje explicitado que las municipalidades “tengan autonomía -a secas- o en su defecto autonomía política, administrativa y fiscal”. Aclaró que, “es complejo hablar sólo de autonomía administrativa y financiera en el ejercicio de sus competencias. Esto es algo que tenemos que debatir, pero que sea coherente en todo el texto”. Agregó que debe haber, a su vez, una progresiva transferencia de competencias que permita a los gobiernos regionales prestar servicios públicos relevantes”.
Sobre el punto, la comisionada Natalia González expresó que se deben precisar los servicios públicos, en el caso que estos sean centralizados. Si están desconcentrados la labor del gobernador es de coordinación. Al respecto, manifestó sus dudas sobre si es procedente esta enmienda a fin de que esto sea armónico con el concepto de estados unitarios, pero sí descentralizado que por definición es Chile.
