La Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo hoy -lunes 27 de diciembre-
sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al exalcalde de San
Fernando Luis Berwart Araya y a los exfuncionarios municipales Pablo Bravo
Cruz y Leonidas Quiroga Montenegro, imputados por el Ministerio Público como
autores de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento
público. Ilícitos que habrían perpetrados entre 2017 y 2018 en la capital de
la Provincia de Colchagua.
En fallo unánime (causa rol 2.063-2021), la Primera Sala del tribunal de
alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.
“Que los antecedentes reunidos, respecto del presupuesto de la letra a) del
artículo 140 del Código Procesal Penal, se debe afirmar que existen
antecedentes más que suficientes que justifican la existencia de los delitos
materia de la investigación. En tanto que referente a la letra b) del
artículo antes citado, se debe tener presente que por una parte los
elementos de convicción que obran en la carpeta investigativa, así como las
funciones que detentaban los imputados objeto de la medida cautelar apelada,
al momento en que se efectuaron las defraudaciones permiten presumir, en
este estadio procesal, la participación atribuida en la actividad
defraudatoria que desplegaban”, sostiene el fallo.
La resolución agrega: “Que en cuanto a la necesidad de cautela, ella surge
de la penalidad asignada a los delitos materia de la formalización, el
número de éstos y el carácter de reiterado de los mismos, todo lo cual hace
necesaria la mantención de la medida cautelar de prisión preventiva
decretada, por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y
a su vez la misma permite asegurar el éxito de la investigación”.
Por tanto, se resuelve que: “se confirma la resolución apelada de dieciocho
de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Garantía de San
Fernando, en causa RIT 1578-2021”.
Según el ente persecutor, entre 2017 y 2018, el exedil de San Fernando Luis
Berwart Araya y los exfuncionarios imputados se coordinaron para sustraer
más de tres mil millones de pesos de las arcas municipales.
