Se trata de especies chilenas y de origen extranjero cuya tenencia particular está prohibida.
Durante la tarde de ayer, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Rengo, junto a personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) O’Higgins, se trasladaron hasta una vivienda del sector Popeta, en la comuna de Rengo, con la finalidad de verificar la posible presencia de especies animales protegidas en el lugar.
De acuerdo a lo señalado por la PDI, la visita se produjo luego que el SAG recibiera una denuncia anónima que indicaba la existencia de aves protegidas que estaban en cautiverio, motivo por el cual se efectuaron coordinaciones con la policía civil para inspeccionar el lugar.
Tras contactar a la propietaria del inmueble, esta autorizó, voluntariamente, el ingreso a su vivienda, donde los profesionales del SAG constataron la existencia de un aviario en el que había un pato jergón, tres loros tricahues y dos loros cachaña, especies chilenas protegidas por la Ley de Caza (19.473).
Asimismo, en lugar también pudieron comprobar el cautiverio de cuatro rosellas rosadas, pertenecientes a la familia de los pericos, especie endémica de Oceanía, la cual está considerada como protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (SITES, por su sigla en ingles: “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”).
Tras el hallazgo de las aves, la PDI se contactó con el fiscal de turno de la Macrozona O’Higgins, quien instruyó que la mujer que las tenía en su poder, fuese apercibida en los términos del artículo 26º del Código Procesal Penal, quedando a la espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Rengo, en calidad de imputada por infracción a la Ley 19.473.
En cuanto a las aves, la Policía de Investigaciones comunicó que fueron incautadas por el SAG O’Higgins y serán derivadas a un centro de rescate autorizado por aquel servicio, lugar donde se evaluará su condición corporal.
Desde la PDI, hicieron un llamado a evitar la adquisición de fauna protegida, puesto que su tenencia es ilegal, añadiendo que quien tenga conocimiento del cautiverio de especies protegidas, puede realizar una denuncia en las policías, la Fiscalía o el SAG.
