“Un sistema de asignaciones millonarias, flexible y autorregulado, donde los recursos nunca se pierden: solo cambian de destino”.
En Chile, la indignación suele quedarse en la dieta parlamentaria. Es el titular fácil, la cifra que circula, la crítica que se agota rápido. Pero ahí no está el verdadero problema.
El verdadero problema es más grande, más silencioso y mucho más cómodo para todos: las asignaciones parlamentarias y el sistema diseñado para que nunca sobre un peso.
Cada diputado no solo recibe su sueldo. Recibe, además, recursos públicos que, sumados, revelan el verdadero costo del Congreso:
- Viáticos: $82.002 por cada sesión efectivamente asistida
- Pago por uso de vehículo propio: $240.475 mensuales
- Personal de apoyo: $7.836.146 mensuales por diputado
- Gasto operacional (GASOP): $6.929.217 mensuales por diputado
Solo en estos ítems fijos, cada diputado administra más de $15 millones mensuales.
Multiplicado por los 155 diputados, esto equivale aproximadamente a $2.330 millones mensuales, más de $27.900 millones al año.
Y eso sin considerar otros gastos variables. Pero lo más grave no es el monto. Es la lógica.
Porque aquí no estamos frente a un presupuesto donde el ahorro importa.
Estamos frente a un sistema donde el dinero se mueve hasta gastarse completo.
Si un diputado no utiliza todo el combustible, ese saldo no se devuelve: se traspasa al gasto operacional. Si falta a una sesión, no recibe viático. Pero ese dinero tampoco desaparece: vuelve al fondo común denominado internamente GASOP.
Si sobra en gasto operacional, puede redirigirse al ítem de personal de apoyo, abriendo espacio para nuevas contrataciones o más asesores.
Nada se pierde. Todo se reordena. Todo se ejecuta. Y ahí aparece el punto más incómodo.
Porque dentro de la Cámara de Diputados existe una estructura administrativa —liderada por la Secretaría General y respaldada por equipos financieros especializados— que garantiza que cada peso tenga respaldo, que cada gasto tenga forma y que cada rendición pase.
No hay desorden. No hay improvisación. No hay errores gruesos.
Hay algo mucho más eficiente: un sistema diseñado para que todo siempre esté en regla… dentro de sus propias reglas.
Y en ese esquema, la Contraloría General de la República de Chile queda relegada a un rol secundario. No porque no exista, sino porque el verdadero filtro ocurre antes, dentro del propio Congreso.
Cuando todo está correctamente rendido, cuando todo “cuadra”, cuando todo tiene respaldo, la posibilidad de cuestionamiento externo se vuelve excepcional.
Ese es el verdadero blindaje. No uno ilegal. Uno institucional.
Uno que no necesita ocultar nada, porque ya definió previamente qué es aceptable.
Y así, mes a mes, año tras año, se sostiene un sistema donde el problema nunca es si hay recursos disponibles. El problema es que siempre hay que gastarlos.
Porque no existe incentivo real para ahorrar. No existe premio por devolver. No existe costo político por ejecutar todo. Al contrario, el sistema empuja, ordena y permite que los recursos encuentren siempre un destino posible dentro de los márgenes.
Aunque ese destino sea discutible. Aunque ese gasto no resista el estándar ciudadano. Aunque la explicación técnica no convenza a nadie fuera del Congreso.
Por eso, seguir discutiendo la dieta parlamentaria es, en el fondo, una distracción.
El verdadero debate es este: un modelo de gasto cerrado, autorregulado y transversalmente protegido, donde la política administra recursos públicos sin contrapesos reales en su ejecución cotidiana.
Una caja que no pierde. Una caja que se ajusta. Una caja que siempre se vacía.
Y que, precisamente por eso, hace rato dejó de rendir cuentas en términos políticos, aunque lo haga perfectamente en el papel.
Ricardo Aguilar Cubillos, ex asesor parlamentario (2022-2026)
