A más de dos años de su promulgación, la ley sigue sin ser aplicada al transporte menor.
La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, exigió al Gobierno dar una fecha definitiva para la entrada en vigencia de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) —conocida como Ley Uber— que regula plataformas como Uber, Cabify y Didi en Chile.
La normativa, publicada en el Diario Oficial el 19 de abril de 2023, establece que su aplicación comenzará 30 días después de la publicación de un reglamento técnico. Sin embargo, y pese a que su tramitación legislativa se extendió por más de seis años —iniciándose en 2018—, hasta agosto de 2025 este reglamento aún no ha sido publicado, manteniendo en la incertidumbre tanto a conductores como a pasajeros.
La legisladora explicó que la demora se debería a que todavía falta completar la toma de razón de Contraloría para aspectos técnicos, como la indexación al Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, plantas de revisión técnica y municipios, entre otros, lo que demuestra una preocupante lentitud en la implementación de leyes largamente discutidas y aprobadas.
“Es urgente darle certeza al transporte menor y a los pasajeros, porque hoy la ausencia de regulación permite que operen cuentas falsas, conductores indocumentados y aplicaciones que no son igual de rigurosas a la hora de aceptar un chofer. Después de seis años de tramitación, seguir postergando esta ley es una falta de respeto para todos los que participaron del debate legislativo y para quienes dependen de este servicio”, recalcó la diputada.
En un oficio enviado al Ejecutivo, la legisladora solicitó que se informe con claridad las razones exactas por las que aún no se publica el reglamento, que se entregue una fecha definitiva de publicación y que se detallen las acciones concretas que se adoptarán para garantizar la entrada en vigencia de la ley.
«La regulación es clave para ordenar el mercado, proteger a los usuarios y dar seguridad a quienes trabajan en estas plataformas, por lo que no se puede seguir tolerando vacíos legales que terminan afectando la confianza en el sistema de transporte», concluyó.
