La legisladora remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, así como también al CDE para que estudie la interposición de una querella por los eventuales delitos.
La diputada de la Región de O’Higgins, Natalia Romero (Ind. UDI), anunció que ofició a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se inicien las investigaciones correspondientes y se estudie la presentación de acciones judiciales, luego de conocerse el despilfarro de más de $513 millones en la Subsecretaría de Transportes en el marco de la implementación de la nueva “Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte”, más conocida como “Ley Uber”.
De acuerdo a lo revelado por el programa Informe Especial, el Ministerio de Transportes debió poner término anticipado al contrato firmado con la empresa Concordia Ediciones SpA, encargada de desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT), plataforma destinada a alojar la información de conductores, pasajeros y viajes. El contrato —por un total de 13 mil UF— fue rescindido en agosto pasado debido a graves incumplimientos y falencias en el servicio.
Romero expresó su profunda preocupación, no solo por los más de $513 millones malgastados, sino también por los casi $800 millones adicionales que el Ejecutivo habría destinado para contratar a una nueva empresa, es decir, un 55% más del presupuesto original.
“Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que evidentemente no hicieron”, señaló la parlamentaria.
En esa línea, la diputada detalló que remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, así como también al CDE para que estudie la interposición de una querella por los eventuales delitos que pudieran configurarse.
Asimismo, Romero solicitará a la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados citar con urgencia al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al subsecretario Jorge Daza, con el objetivo de que entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.
“Aquí no solo hay recursos públicos que se deben recuperar, sino que además existen responsabilidades políticas y administrativas que deben asumirse. El país merece una explicación clara y transparente, y lo mínimo que corresponde es que las autoridades den la cara en el Congreso para responder por este grave perjuicio fiscal”, enfatizó.
Finalmente, la parlamentaria recordó que desde la UDI han manifestado reparos a la aplicación de la “Ley Uber” y reiteró que, ante esta situación, es evidente la necesidad de postergar su entrada en vigencia hasta que no se resuelvan los problemas detectados.
