La Diputada de la Región de O’Higgins, Marta González, junto al Diputado Jaime Araya, presentó un proyecto de ley que busca establecer que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que cometan delitos graves —como tráfico de drogas, de armas o participación en asociaciones criminales— sean juzgados por la justicia ordinaria y no por tribunales militares.
La iniciativa contempla, además, un agravante que aumenta en un grado la pena aplicable cuando estos delitos sean cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) o la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Este proyecto cobra especial relevancia tras el reciente caso de cinco exfuncionarios de la FACh detenidos por intentar trasladar ketamina en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago, situación que generó controversia ante la negativa inicial de la justicia militar a entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Al respecto, la Diputada González apuntó que “es preocupante lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden que se han visto involucradas en gravísimos hechos ligados al narcotráfico y a las bandas de crimen organizado. Esta es una situación alarmante de la cual hemos tenido antecedentes hace mucho tiempo”.
Sobre este último punto, González recordó una serie de casos que involucran a funcionarios de FF.AA. y Carabineros en delitos, como ventas de armas a bandas criminales y recientes episodios de pérdidas de drogas como el fentanilo.
Añadió que “el siguiente escalón de las bandas es corromper las instituciones, tanto del Poder Judicial como de las policías. Sabemos cómo operan en otros países, y sabemos además que esa realidad ya ha llegado a nuestro país. Hoy día debemos hacernos cargo con mucha fuerza de poder poner todos los controles, las fiscalizaciones y todos los resguardos para erradicar la corrupción al interior de estas instituciones”.
Finalmente, la parlamentaria acusó que “las distintas Fuerzas Armadas no pueden dudar al momento de entregar los antecedentes inmediatamente al Ministerio Público. Esto no puede quedar al arbitrio de un comandante o de alguna otra autoridad. Queremos que esto quede tremendamente claro en un proyecto de ley. Y, por supuesto, un refuerzo al Ministerio Público como ente especializado e independiente del mando militar. Necesitamos proteger a las instituciones y también a los funcionarios que hacen su trabajo de forma intachable, y que también se ven amenazados por funcionarios que integran estas bandas».
