- La medida rige hasta el 15 de septiembre de 2025 y busca resguardar la seguridad de las comunidades cercanas a cauces y sistemas de riego en la región.
Tras las recientes lluvias que afectaron la región, funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP O’Higgins continúan con las labores de fiscalización en bocatomas, canales, tranques y embalses, en el marco de la Resolución Exenta N°1007 del 9 de mayo de 2025, que establece el cierre obligatorio de captaciones durante este periodo.
El objetivo es garantizar el libre escurrimiento de las aguas en cauces naturales y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar a la población y a la infraestructura crítica. La normativa, que se extiende hasta el 15 de septiembre de 2025, también ordena el retiro de elementos adicionales como pretiles o estructuras tipo “pata de cabra”, que pudieran obstruir el flujo normal de las aguas.
La seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre, señaló que “esta medida es fundamental para prevenir situaciones de emergencia en zonas donde históricamente se han registrado desbordes por crecidas. Como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando de manera preventiva para resguardar la seguridad de las personas y evitar daños a viviendas, caminos y sistemas productivos”.
Durante este periodo, se ha instruido a Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas y a todos los usuarios con obras de captación en cauces naturales, a cumplir con el cierre de las bocatomas y la limpieza de los canales. Asimismo, la instrucción aplica a administradores de tranques y embalses, quienes deben adoptar medidas que garanticen que el agua almacenada —y sus eventuales excesos— no representen un riesgo para las comunidades cercanas.
Por su parte, la Directora Regional de la DGA, Dayanna Aravena, indicó que “como Dirección General de Aguas estamos desplegados en todo el territorio realizando fiscalizaciones, levantando información técnica y verificando el cumplimiento de esta resolución. Nuestro propósito es evitar que el uso de infraestructura de riego comprometa el comportamiento hidráulico natural de los ríos, sobre todo en momentos donde las precipitaciones puedan ser intensas y provocar crecidas repentinas”.
En caso de incumplimiento, la DGA podrá aplicar sanciones que van desde las 51 a las 500 UTM, lo que equivale actualmente a entre $3,5 millones y $34,3 millones, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales que se puedan ejercer.
Este trabajo se realiza en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y con otros servicios públicos como municipalidades, CNR (Comisión Nacional de Riego) y SENAPRED, con el fin de reforzar la prevención y dar respuesta oportuna ante cualquier emergencia que se pueda producir durante este invierno.
