Rengo. El Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de D.E.M.M., una exfuncionaria de una conocida tienda comercial de la comuna, a quien se le imputa haber participado en una serie de hurtos mientras se desempeñaba como cajera en el establecimiento.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 4 y el 25 de enero de 2024, periodo en el cual la imputada habría facilitado la sustracción de diversas especies junto a terceros, utilizando un modus operandi que fue detectado a través de las cámaras de seguridad del recinto. La mujer habría retirado los sensores de seguridad de los productos, sin registrarlos en caja, y entregado los artículos a supuestos compradores que luego salían del local sin haber pagado.
Solo el día 25 de enero se registraron dos episodios de hurto por un total de $2.194.510. A raíz de este hallazgo, la tienda revisó los registros de días anteriores, constatando que esta práctica se habría repetido en múltiples ocasiones. El detalle es el siguiente:
04 de enero: $1.005.740
08 de enero: $684.140
09 de enero: $782.750
11 de enero: $1.262.300
12 de enero: $372.870
13 de enero: $622.800
15 de enero: $410.840
16 de enero: $341.410
18 de enero: $1.493.670
19 de enero: $936.630
20 de enero: $261.380
22 de enero: $668.830
23 de enero: $1.876.150
En total, las especies sustraídas fueron avaluadas en $13.157.410.
Entre los artículos figuran prendas de vestir, sábanas, mochilas, calzado, colchones inflables, ventiladores, entre otros productos del hogar.
Desde el entorno de la víctima, identificada como Sandra.Celis se manifestó molestia por la lentitud del proceso judicial y por el hecho de que, pese a la gravedad de los hechos —13 delitos de hurto simple—, la imputada no se encuentra actualmente con ninguna medida cautelar. Además, la afectada expresó su malestar por los comentarios malintencionados que recibió en redes sociales al exponer públicamente la situación, donde incluso se insinuó, sin fundamentos, que sus denuncias respondían a celos personales o a una supuesta relación extramarital, lo cual descartó tajantemente.
La Fiscalía solicita una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa de 20 UTM. Entre los medios probatorios se incluyen grabaciones de cámaras de seguridad, inventarios y declaraciones de testigos.
El caso será llevado a juicio oral, donde se definirán las eventuales responsabilidades penales de la acusada.
