El Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Peralillo decretó hoy –martes 18 de abril– la prisión los ejecutivos de la empresa CGE Distribución, Pablo Yáñez Mardones, gerente técnico para la Región de O’Higgins, y José Reyes López, gerente de mantenimiento y construcción de Santa Cruz, imputados por el Ministerio Público como autores de 5 delitos de incendio forestal. Ilícitos que afectaron a las comunas de Paredones, Pumanque y Marchigüe, el verano pasado.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 5-2017), el magistrado José Ruiz Stanke ordenó el ingreso en prisión preventiva de Yáñez Mardones y Reyes López para asegurar el éxito de la investigación.
“Lo cierto es que no podemos intuir aisladamente las razones por las cuales se tomaron esas decisiones, las que tuvieron que pasar por los imputados, considerando los cargos y obligaciones que detentaban. Y los antecedentes relacionados con dichas modificaciones deben encontrarse en otros hechos, como lo son, los correos electrónicos con versiones alejadas a la realidad, derechamente inventadas, en donde se busca exculpar la responsabilidad de la empresa o eventuales imputados”, establece la resolución.
Dictamen que agrega: “Puntualmente, cambiar la cruceta de un poste desde su forma T a L, o bandera como también se expuso, alejándola de las ramas del árbol donde se inició uno de los incendios, llama a preguntarse por qué no se corta el árbol, el que aún permanecía dentro de la faja de seguridad. Cortarlo, obviamente, daría luces claras de que se estaba intentando evitar nuevos incidentes, pero modificar la línea, a la luz de los demás antecedentes ya expuestos, permite pensar que los imputados, conforme a sus funciones, intentaron impedir la obtención de prueba que llevase a la verdad de las causas del incendio.
“Así, fue acreditado que pudieron y existen sospechas fundadas que podrán, afectar el éxito de la investigación afectando la prueba, o induciendo a terceras personas en beneficio propio, por lo que la prisión preventiva es la única medida cautelar que evitará tal situación”, concluye.
En tanto, para el coimputado en la causa: el gerente de operaciones de la empresa, Esteban Vucetich de Cheney Chirino, el tribunal consideró innecesario dejarlo sujeto a alguna medida cautelar.
El magistrado estableció 120 días de plazo para la investigación
