La representante de O’Higgins explicó que la norma establece una serie de restricciones para los padres deudores, como la prohibición de renovar sus licencias de conducir o pasaportes.
Como un “avance significativo” y una “deuda histórica” calificó la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, Natalia Romero, la implementación definitiva del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que tiene como finalidad restringir el acceso a distintas prestaciones con el objetivo de que los padres que adeuden sus obligaciones legales se empiecen a poner al día.
Al respecto, la parlamentaria recordó que, de acuerdo con las cifras oficiales emanadas por los tribunales de familia, alrededor de un 84% de los alimentantes adeuda una o más pensiones, por lo que aseguró que “era necesario y justo implementar un registro que incentive a estas personas a cumplir con sus obligaciones, pensando siempre en el bien de los niños, niñas y adolescentes”.
“Después de mucho tiempo, por fin entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que incluirá a todos los padres que adeuden tres meses seguidos o cinco discontinuos, pero que lo más importante permitirá promover y, esperamos, garantizar el pago de todas estas obligaciones, cuyo único objetivo es asegurarle el normal desarrollo y crecimiento de los menores de nuestro país”, destacó la diputada Romero, quien también integra la comisión de la Familia.
En esa línea, la representante del Distrito 15 explicó que quienes sean incluidos en dicho registro por adeudar pensiones de alimentos, no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes hasta que regularicen su situación. Pero además, se le podrá retener al alimentante parte de los créditos bancarios que solicite, como también la devolución de impuestos y parte de su sueldo si es que se desempeña en alguno de los tres poderes del Estado o en organismos públicos.
Por último, Romero detalló que los recursos que el padre eventualmente reciba de parte del Estado -como bonos o subsidios económicos- también se destinarán al pago de la deuda, mientras que si realiza alguna venta de inmuebles o vehículos motorizados, sólo se inscribirá la transferencia de la propiedad si es que acredita que las ganancias se destinarán a pagar las pensiones de alimentos.
“Estamos hablando de distintas medidas que debiesen fomentar a todos los deudores a regularizar sus pensiones. Pero junto con ello, también es fundamental que sigamos avanzando en otras medidas que nos permitan resolver este grave problema, sobre todo pensando en aquellos padres que están cesantes o que efectivamente no tiene los recursos para cumplir con sus obligaciones. Los niños no pueden quedar a la deriva y tenemos la obligación de buscar una solución concreta para su desarrollo y crecimiento”, sostuvo la parlamentaria por O’Higgins.
