Tras un profundo análisis de los hechos irregulares que caracterizaron el concurso “Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile”, convocado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), he presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, en la que le solicito la instrucción  de un sumario que investigue y sancione a los funcionarios responsables de haber ocultado información estratégica a los postulantes, negando la existencia de tal información en las bases técnicas, y modificando las bases a solo tres días del cierre del concurso, subordinando las propuestas a su compatibilidad con instrumentos que existían y eran conocidos por la CORFO desde antes de convocar al concurso, porque las había contratado y financiado.

Más aún, la modificación de las bases del Concurso fue agregada como un Anexo, el día que vencía el plazo para responder consultas, al final de la ventana de consultas y respuestas, cuando el plazo para las primeras estaba vencido y ya habían sido respondidas. Es decir, en una página que ya nadie leía. En cambio, la CORFO informó una breve prórroga del plazo para presentar las propuestas en la ventana con la Ficha para formular y presentar las propuestas, sin mencionar para nada el Anexo que modificaría de las bases.

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Fotografía: interferencia.cl

No es menor el hecho de que los instrumentos cuya existencia fue ocultada, y revelada subrepticiamente a última hora, habían sido desarrollados por una institución que formaba parte de una de las propuestas presentadas y que, como es obvio, resultó adjudicada.

En los hechos que relato apretadamente en los párrafos precedentes, hubo faltas a la probidad y vulneración de principios fundamentales, como la igualdad ante la ley y la transparencia, principios que hacen parte esencial de la ética que debe presidir los actos de todo organismo y funcionario público, y su vulneración es la que pido al órgano contralor investigar.

Nuestra Universidad formó parte de un grupo que preparó y presentó una propuesta de Consorcio al mencionado Concurso. Este grupo fue liderado por la Universidad de Chile e integrado, en las categorías definidas por las bases del concurso, además de la nuestra, por la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, y la Universidad Católica de la Santísima Concepción; por el Centro Internacional de Excelencia CSIRO Chile Research (CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth), fundación de derecho privado sin fines de lucro; y por  el Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIREN), el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), los gobiernos regionales de las cuatro regiones de la Macrozona Centro Sur, la Federación de Productores y Exportadores de Fruta (FEDEFRUTA), y las Federaciones de Juntas de Vigilancia de Riego de las regiones Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule y del Ñuble.

Al denunciar las irregularidades que he resumido en los primeros párrafos de esta declaración, no he dejado de considerar las consecuencias no escritas que puede tener para nuestra novel casa de estudios, enfrentar con esta protesta a una institución tan poderosa como la CORFO, que administra una parte sustancial de los fondos públicos que nuestro país destina a Investigación y Desarrollo.

Ha primado en mi decisión la autoridad moral que confieren los principios de nuestra casa de estudios, la identificación irrenunciable que tengo con ellos, y el saber que estoy cumpliendo la misión de formar con el ejemplo a nuestros estudiantes en el ámbito cívico, así como de reafirmar ante nuestra comunidad universitaria, nuestra región y el país, que la verdad, la equidad, y la justicia, son valores del trasfondo institucional de la Universidad de O’Higgins, y que nunca claudicaremos ante vicios institucionales como los que hemos denunciado ante la Contraloría General de la República, que enlodan a la Administración pública y que, desde nuestra realidad y con nuestros medios, siempre ayudaremos a erradicar.

Rafael Correa Fontecilla

 Rector

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