La detención de Claudio Ibarra ocurrió el 16 de junio en una bencinera de la zona, lugar donde le solicitó el dinero a cambio de no viralizar un video personal. Abogado del edil, Mario Vargas, se querelló contra el concejal Pablo Orellana por la entrega de la grabación al empresario días antes de los primeros llamados extorsivos.
- “Se realizó una grabación y luego se entregó para concretar un plan elaborado cuyo único objetivo era perjudicar la vida profesional y personal del alcalde. Quienes lo difundan, también incurren en un delito y se tomarán las acciones judiciales correspondientes”, señaló Vargas.
Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, una de las más gravosas que contempla el ordenamiento jurídico chileno, y la prohibición de acercarse a la víctima durante el periodo que investigación penal en su contra, quedó el pasado 17 de junio el empresario local Claudio Ibarra Aliaga.
Ello, luego que el Ministerio Público lo formalizara por el delito de extorsión contra el alcalde de San Fernando, Luis Bertwart, a quien solicitó el pago de $200 millones cambio de no viralizar un video personal de connotación sexual, grabado ilegalmente en 2017.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por la autoridad comunal ante el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, el día 10 de junio el imputado se contactó con él de manera telefónica para informarle que tenía imágenes que lo involucraban directamente y en el cual aparecía con otra persona (mayor de edad).
En este escenario, Ibarra le indicó a Berwart que para evitar que difundiera el material, debía pagar la suma de $200.000.000, dándole un plazo de 48 horas para conseguir el dinero o, de lo contrario, la grabación se haría viral.
Por estos hechos, el alcalde, a través del abogado Mario Vargas, presentó el 16 de junio, la denuncia formal ante la fiscalía, y concretó una reunión con Ibarra donde supuestamente, le haría entrega del dinero. Sin embargo, la policía llegó al lugar, deteniendo al empresario e incautándole el celular y otras especies.
Querella contra concejal
De acuerdo a la declaración del imputado ante la Policía de Investigaciones, la persona que le había facilitado el video a través de WhatsApp y que luego fue utilizado para cometer la extorsión, fue el concejal Pablo Orellana.
Por ello, Luis Bertwart interpuso una querella en su contra y contra todos quienes resulten responsables de los hechos denunciados.
“En conocimiento de estas circunstancias, durante los primeros días de mayo de este año, el concejal Pablo Orellana sostuvo una conversación con el Sr. Ibarra, en que le hizo presente que él mantenía información relevante y perjudicial respecto de mi persona, pero que no quería hacer uso de ella personalmente. En ese contexto, el querellado envía vía WhatsApp un video privado, en que yo aparezco, al Sr. Ibarra; difundiéndolo sin mi consentimiento. Es indispensable hacer presente que yo jamás consentí o autoricé a que esas imágenes fueran grabadas, desconociendo cómo fueron captadas, cómo don Pablo Orellana se hizo de ese video y por qué lo tiene en su poder”, indica el libelo.
Protección de la vida privada
Al respecto, el abogado Mario Vargas, detalló que “se realizó una grabación y luego se difundió para concretar un plan elaborado cuyo único objetivo era perjudicar la vida profesional y personal del alcalde”.
“Quien realiza la extorsión está con arresto domiciliario, pero ahora nos querellamos contra el concejal Orellana porque -según los antecedentes- facilitó el video, grabado entre personas adultas, para concretar el ilícito. Quienes lo difundan por cualquier medio, como por ejemplo las redes sociales, también incurren en un delito y se tomarán las acciones judiciales correspondientes”, agregó el querellante.
Vargas también afirmó que “el alcalde está afectado en lo personal, pero esto no ha disminuido ni un ápice su fuerza y compromiso como jefe comunal de San Fernando, sobre todo en momentos en que la comuna lo necesita al 100%”.
“Ahora, el Ministerio Público debe intensificar la investigación -que actualmente es realizada por la fiscal Jefe de alta complejidad, Fabiola Echeverría- e indagar hasta las últimas consecuencias para encontrar a todos los responsables de esta extorsión y lograr así la sanción más intensa que considera nuestro ordenamiento”, puntualizó Vargas.
