Luego de reiterados intentos por impedir el acceso a la playa Mónaco (región de O’Higgins), por parte de vecinos del sector, el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en compañía de la subsecretaria Alejandra Bravo, interpusieron ante la Fiscalía, el pasado mes de abril, una denuncia por amenazas, desacato y eventual porte ilegal de armas.

Dicha acción judicial tuvo resultados este martes, cuando personal de Carabineros llegó hasta el fundo Mónaco para allanar el lugar, propiedad de la familia Jaramillo. El resultado de las pesquisas: la incautación de un revólver y un rifle, los cuales serán periciados por personal especializado, ambas armas no tenían registro a nombre de don Renato Jaramillo, si no que a nombre de su hijo, por lo que al parecer estas se mantenían en un lugar distinto al declarado a la entidad fiscalizadora.

“Lo ocurrido en la playa Mónaco nos parece muy importante. Dijimos desde el principio que esta es una playa pública y abierta, algo decretado por la Intendencia hace 35 años. Por lo tanto, esta diligencia, realizada el día de ayer, en la que se incautan armas -que aparecieron en algunos vídeos que grabaron las personas que intentaron entrar, sin éxito, a esa playa- da cuenta de una situación que debe ser corregida”, señaló el ministro Felipe Ward, agregando que “la ley se va a aplicar y el ministerio va a defender a las personas”.

Algo que reafirmó el Seremi de Bienes Nacionales, Christian Villegas. “Vamos a seguir trabajando, intensamente, por garantizar el acceso libre y gratuito para todos los chilenos a los bienes de uso público como son las playas de río, lagos y mar. Y vamos a tomar todas las acciones correspondientes cuando nos encontremos frente a estas acciones, ya sea una amenaza, un presunto porte ilegal de armas o un desacato”, aseguró.

Esta acción judicial se suma al rechazo, por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de los recursos de protección interpuestos contra el Estado, ratificando el acceso a la playa Mónaco, a través del camino fijado por la Intendencia de O’Higgins en 1984.

En ese sentido, la Corte estableció que “debe hacerse notar que la resolución administrativa establece que el acceso a la playa debe realizarse desde el punto de acceso al Fundo Mónaco y por caminos interiores que conducen al mar, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad”.

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