residente de la DC, Fuad Chahin y diputado DC Raúl Soto: “Creemos que el Superintendente ha actuado de manera ilegítima e ilegal, ha mentido y se ha preocupado, descaradamente, de defender judicialmente a las empresas a las cuales está llamado a fiscalizar y con recursos públicos, en lugar de preocuparse de los afiliados”.
El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin y el diputado DC Raúl Soto, integrante de la Comisión de Trabajo, ingresaron hoy en la Contraloría una solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones del Superintendente de Pensiones. Lo anterior, tras el fallo de la Corte de Apelaciones que, además de establecer la transparencia de los fondos de las AFPs, señala que el Superintendente de Pensiones, “asumió la representación de los intereses de las entidades sujetas a su fiscalización, en lugar de defender los intereses del afectado.”
Cabe señalar que la novena sala de la Corte de Apelaciones falló a favor del ciudadano Rodríguez –quien realizó una serie de acciones para lograr acceder a “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, es decir al detalle de lo que las administradoras hacen con más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos- , dejando en evidencia el proceder incorrecto de la Superintendencia de Pensiones.
Tras ingresar la solicitud en Contraloría, el diputado DC Raúl Soto, señaló que “hemos venido hacer un requerimiento para se declare el actuar ilegal del superintendente Osvaldo Macías. En un fallo histórico en contra de la superintendencia, se declaró que la información solicitada por el ciudadano Rodríguez tenía que ser entregada y que dice relación con toda aquella información que tienen las AFPs sobre la inversión que hacen con los ahorros de los chilenos.
Creemos que el Superintendente ha actuado de manera ilegítima, ilegal al defender judicialmente a las empresas a las cuales está llamado a fiscalizar y con recursos públicos.”
Soto agregó que “pedimos que el Contralor se pronuncie declarando su ilegalidad y por lo tanto no sólo transparentar toda la información que no se ha querido entregar, sino que al mismo tiempo que se asuman las responsabilidades legales y políticas por parte del súper superintendente.
Creo que lo que debe venir es que él de un paso al costado y se le debe solicitar su renuncia”.
El presidente de la Democracia Cristiana, en tanto, Fuad Chahin, agregó que “hoy ha quedado claro el precedente que los afiliados pueden requerir información detallada respecto del movimiento de sus cuentas para ver cómo se conforman la cuota fondo, que en el fondo es la que te permite saber cuál será tu pensión. Nosotros vamos a hacer un estudio además con toda esta información para poder conocer si las AFP efectivamente han actuado apegadas a la ley o no. Tenemos fundadas sospechas de que no es así”.
Chahin señaló, también, que “lo que nos parece inaceptable –y es verdaderamente el mundo al revés- es que en este caso el fiscalizador ha actuado defendiendo a los fiscalizados y no a los afiliados. ¿Para qué? Para que no le entreguen información de interés para los afiliados en lugar de haberlo hecho las propias AFP como lo dice el fallo, quienes tienen suficientes recursos técnicos y financieros para defenderse por sí solas, sin embargo, es el superintendente el que ha asumido la defensa de las AFP, gastando recursos públicos, además infringiendo la ley pero también lo ha hecho mintiendo descaradamente, señalando que se iban a utilizar más de 1500 horas hombres y que por lo tanto era prácticamente imposible, demasiado costoso, para la institución poder acceder a la información. Y luego, a partir del requerimiento por ley de trasparencia logramos descubrir que las minutas internas daban cuenta de que en realidad las horas hombres eran muy inferiores –menos de 200 horas hombres- y que por tanto era absolutamente posible entregar esa información.”
Es decir, aquí hay un Superintendente que en lugar de fiscalizar ha actuado como abogado de la AFP; un Superintendente que quiere que se le niegue información a los afiliados a los que debe defender; un Superintendente que miente descaradamente para tratar de lograr su objetivo. Por eso que nosotros respaldamos -en este caso al ciudadano Rodríguez- la petición que está haciendo el Diputado Soto porque además hay otro precedente más: este es el mismo Superintendente que luego que la Contraloría declaró ilegal la fusión de la AFP de papel Cuprum con Argentum, él se negó a invalidar esa fusión y eso le va a costar al Fisco 500 millones de dólares, pues podrán utilizar un “Good Will” a partir de un hecho ilegal”.
