Diputado DC, Raúl Soto, autor de esta iniciativa: “Tenemos que jugar un rol mucho más proactivo como legisladores, no podemos ser simples espectadores, ni cómplices pasivos de estos delitos”
Por unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, fue aprobado en general el proyecto de ley presentado el pasado mes de marzo, por el diputado DC, Raúl Soto. La iniciativa que contó con apoyo transversal, busca establecer el deber de denuncia por parte de sacerdotes y religiosos, cuando estos tengan conocimiento de algún tipo de abuso sexual contra menores o personas vulnerables.
Según lo explicó el diputado Soto, la iniciativa pretende establecer “en el artículo 175 del código procesal penal, un deber de conducta mucho mayor para el clero, en orden a que cuando tomen conocimiento de un delito de abuso sexual a un menor o a una persona adulta, pero que esté en condiciones de discapacidad física o mental que lo hacen vulnerable, estos tengan que poner esos antecedentes en la fiscalía y en la justicia, para que esas investigaciones inicien de forma oportuna y de esa manera podamos conseguir justicia”.
Asimismo, Soto afirmó que “la justicia debe ser para todos igual” y agregó que mediante este proyecto de ley “ podemos contribuir a que este tipo de situaciones nunca más ocurran en el futuro o al menos que la justicia pueda operar y no se establezca un margen de impunidad en la iglesia católica, donde muchas veces estos delitos son investigados de manera interna y no son puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la justicia, por lo tanto, los delitos tienden a prescribir y no se alcanza la justicia para las víctimas y sus familias”.
Soto, celebró el primer paso de su iniciativa de ley y sostuvo que “Tenemos que jugar un rol mucho más proactivo como legisladores, no podemos ser simples espectadores, no podemos ser cómplices pasivos de estos delitos que han ocurrido durante décadas en nuestra sociedad”
Finalmente, el diputado explicó que el proyecto considera, además, que el deber de denunciar deba “extenderse a directivos de instituciones culturales, sociales, deportivas, para que se garantice que se establezcan las denuncias de abuso sexual contra menores”.
