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El proyecto del 5% de ahorro colectivo de nuestro gobierno esconde una vez más la verdad del tema AFP. Es otro volador de luces para no discutir sobre AFP. ¿Cuál es esa verdad?

Que llevamos casi 30 años legislando a favor de las AFP, sin fiscalizarlas, permitiendo violar la ley y perjudicar a los trabajadores y sus ahorros para la vejez.

Que más de 30 leyes pro AFP se han aprobado en democracia en c/u de nuestros gobiernos. Un ejemplo, la que eliminó la compensación por pérdida de utilidades, ojo, en democracia.

Que la Superintendencia no ha fiscalizado y solo ha actuado a favor de las AFP: fusión ilegal Cuprum / Argentum. Con más de US 400 millones de pérdida fiscal.

Que es falso que se requiere ley para aumentar las pensiones de los más de 600 mil chilenos que tienen retiro programado.

Basta con llevar a valor real las tablas de mortalidad (hoy falsamente en 91 años) y las tasas de interés de cálculo y recálculo de pensiones para subir en cerca de un 30% todas las pensiones, sin necesidad de plata fiscal ni de los empleadores y trabajadores de chile.

Gracias a nuestras denuncias y las de otros se rompió la tendencia a la baja y en enero subirán un poco por aumento de tasa. Y sin ley. Ver decreto del 10/01/18 de la Superintendencia sobre tasas.

Que es falso que el proyecto de ley del gobierno financie el 5% de ahorro colectivo con aporte de empleadores solamente y sin costo para los trabajadores. Los trabajadores independientes deberán financiar ese porcentaje íntegramente y ya tienen una reducción del 20% y más de sus remuneraciones por efecto de normas de seguridad social. Al resto el costo les será trasladado vía postergación de mejoras remuneratorias.

Que es falso que se requiere otro ente público de administración para materializar el falso eslogan de “ni un peso más para las AFP”, pues sus costos deberán asumirlos los propios trabajadores con sus fondos de pensiones. El IPS puede cumplir perfectamente esa labor.

Que es de falsedad evidente el requerimiento de autonomía constitucional que el gobierno pide para el Consejo de Ahorro Colectivo. Todos los invitados a la comisión de Constitución, que integro como titular por la DC, señalaron lo innecesario e inconveniente de ello por diversas razones.

Solo les daré una personal. Ya reformar la Constitución es sumamente difícil para que seamos nosotros quienes instalemos otro órgano de autonomía de rango constitucional difícil de modificar el día de mañana, por sus altos quórum, frente a déficit de funcionamiento o crisis de institucionalidad. El caso INDH demuestra que sobreviven con mayor rapidez de lo que uno pensaría.

Que es falso que el ejecutivo está atado de manos frente a la legislación actual cuando en los hechos ha delegado en el Superintente de turno sus propias facultades y competencias legales renunciando a fiscalizar, rectificar y proteger a los trabajadores de Chile.

La única excepción la constituye la ex ministra del trabajo Ximena Rincón frente a la fusión trucha ya dicha. Su suerte en el ejecutivo avala nuestra opinión. Y el reconocimiento del ex ministro Valdés de su reunión con los representantes y controladores reales de las AFP en New York y su incapacidad para enfrentar sus presiones y amenazas de demandas en instancias internacionales, son la real y única causa de la constante omisión y abandono de funciones por el ejecutivo.

Que es falso que esta discusión debe darse, como pretende el gobierno, en el tercer proyecto de ley sobre AFP, pues el no las regula de verdad desde el momento que no plantea retrotraer y derogar todas las leyes pasadas en democracia en favor de las AFP.

Prueba de ello es la negativa del gobierno, a quien personalmente representé estos temas durante más de 10 meses, con el fin de hacer indicaciones a dicho proyecto en el sentido dicho y a demandar del Superintente el cumplimiento de la ley por las AFP.

Por ejemplo, poner fin a la práctica de externalización por las AFP de la administración de los fondos de pensiones a personas jurídicas que no están autorizadas a administrarlos ni menos a volver a cobrar por ello, como hoy hacen mediante las comisiones de intermediación.

Que es absolutamente falso que la práctica anterior busca rentabilizar las platas de los trabajadores y mejorar las pensiones futuras.

Todo lo contrario, grava ilegalmente los fondos de pensiones por aumento de riesgo de inversiones, aumento de riesgo sistémico, aumento de costos por la razón ya dicha y, lo que es más grave aún, viola las normas fiscales y tributarias al permitir inversión en paraísos fiscales, algunos de ellos de rentabilidades negativas periódicas para los chilenos.

Los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de seguridad social y las normas del DL 3500 sobre AFP caen en esa categoría. Son, por tanto, las iniciativas del ejecutivo sobre la materia el único espacio de legítima presión y negociación parlamentaria en nombre y representación de nuestros mandantes, el pueblo de Chile, y ese espacio hoy son los PL del gobierno que he comentado y a los que nos hemos opuesto.

En el ínterin, y a propósito del proyecto del ejecutivo sobre rezagos, y corroborando nuestra apreciación sobre el gobierno en esta materia, logré, junto a mi colega Yasna Provoste, pero contra la opinión del gobierno, aprobar una indicación para declarar imprescriptible la deuda previsional de los chilenos, única forma de evitar una expropiación más de las platas de los trabajadores de Chile y de merma de su dignidad en la vejez futura. Por cierto en el Senado se ha detenido, sin reclamo alguno del ejecutivo, la tramitación de ese proyecto de ley.

No hay espacio en los medios para colocar estos temas. Los periodistas están amordazados por sus editores o éstos por sus jefes de prensa o todos por los dueños del respectivo medio al que deben, por cierto, preocuparle más sus auspiciadores que estas realidades y análisis.

No permitamos que las pautas de ellos, además, aparezcan desprestigiando a quienes hacen esfuerzos por doblegar los molinos que se ciernen sobre sus cabezas como muros inquebrantables y opresores de la verdadera verdad. Hay que cuidar y en lo posible apropiar los US 200 mil millones que representan los ahorros de los trabajadores de Chile.

La dictadura permitió la administración de los privados, llamados AFP, de las platas de los trabajadores y el control e influencia económica por medio de dicha administración.

Lamentablemente ha sido en democracia que lo anterior se ha profundizado mediante leyes para favorecer aún más a las AFP, perjudicando a los trabajadores y es en democracia que se quiere incentivar el control total por la vía de la transferencia en dominio de dichos fondos, ello mediante el mecanismo de las rentas vitalicias, para lo que se debe debilitar el retiro programado en favor de aquellas.

Fuente: www.cooperativa.cl

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