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El diputado Juan Luis Castro explicó que se pretenden determinar las responsabilidades políticas que permitieron que se jugara con la salud de las personas.

El diputado por el Distrito 15, Juan Luis Castro, anunció la presentación de una Comisión Investigadora, por la reducción fraudulenta de las listas de espera Auge, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y dilucidar si esta situación se repite en otros servicios de salud del país.

En este marco, el diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, dijo que “hay que clarificar lo que ocurrió. Debemos saber si este es el síntoma de una enfermedad y si hubo ordenes de parte de las autoridades para reducir artificialmente las listas de espera”.

“Esta comisión tiene un tiempo acotado para resolver y la idea es que termine en la actual legislatura, porque consideramos que este es un hecho grave que pone riesgo la salud de la gente y nos parece lógico pensar que esta situación se pueda haber repetido en otros lugares de Chile”, dijo Castro.

Frente a las declaraciones del Contralor, que afirmó que había un eventual uso político de este tema, el diputado Castro fue tajante en señalar que “es impensable que no hubiera una reacción como esta cuando se habla de la salud de las personas”.

“El mismo Contralor ha traído a colación otros hechos de larga data, como la situación de Codelco. De manera que sus declaraciones estuvieron demás. Yo prefiero que el señor Bermúdez siga actuando y pronunciándose a través de los fallos. Ahora, lo indicado hubiese sido que este tema lo resolviera el ex Contralor, Ramiro Mendoza, quien curiosamente ahora se encuentra en el comando de Piñera”, concluyó el diputado Juan Luis Castro.

Finalmente, el legislador explicó que la comisión solicitada pretende “investigar las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a establecimientos de salud correspondientes a diversos Servicios de Salud a nivel nacional, para determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera, mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Lista de Espera, a partir de los hechos públicos y notorios ocurridos durante los años 2011, 2012 y 2013, que podrían configuran una eventual infracción al principio de probidad administrativa”.

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