La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con la asistencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el pleno de ministros del máximo tribunal, promulgó –el miércoles 28 de junio- la ley que crea 110 nuevos cargos para jueces y 305 puestos para funcionarios en tribunales de todo el país.
En la ocasión, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, agradeció el consenso que generó el proyecto, el que se acordó en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
“No cabe sino agradecer el esfuerzo mancomunado de los diferentes poderes públicos involucrados en la tramitación de esta iniciativa, que desde sus albores mostró consenso y deferencia hacia la necesidad de mejorar los estándares del servicio judicial con la mirada puesta en el beneficio de la ciudadana, a quienes -en definitiva- nos debemos y que dan sentido a nuestro trabajo diario, el cual sin duda se ver fortalecido con este loable propósito normativo hoy convertido en ley de la República”, dijo la autoridad judicial.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, destacó que esta ley genera cambios concretos en el día a día de la ciudadanía. “La justicia que vale es la que se puede plasmar en una sentencia. Mucho se podrá hablar sobre el funcionamiento de los tribunales y de las necesidades de nuestros ciudadanos pero, sin jueces que juzguen no pasamos de buenos deseos y a eso apunta esta ley, a contar con más jueces, bien concreto, y también con más funcionarios”, dijo.
Alcances de la ley en la Región de O’Higgins
El proyecto de ley aumenta en 110 la planta de jueces en 82 tribunales del país, siendo la Región de O’Higgins la tercera a nivel nacional en recibir mayor cantidad de nuevos magistrados, con un total de 14 jueces que se distribuirán de la siguiente manera: 3 en el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz, 4 para el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, 1 para el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, 1 en el Juzgado de Garantía de Rengo y 2 en el Juzgado de Garantía de Rancagua; 1 para el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, 1 para el Primer Juzgado de Letras de Rengo, y 1 para el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu.
Al respecto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, valoró la promulgación de esta nueva Ley señalando que: “estamos muy contentos, ya que nuestra jurisdicción es la tercera más beneficiada, con 14 nuevos jueces, después de Santiago y Valparaíso, y la cuarta en recibir mayor cantidad de funcionarios, después de Concepción, Santiago y Temuco. Sin duda, con este avance mejoraremos nuestro sistema de justicia, haciéndolo más expedito y cercano para toda la ciudadanía”.
La Ley también considera el refuerzo de funcionarios, incorporando 305 nuevos cargos a nivel nacional, distribuidos en: 7 consejeros técnicos, 61 jefes de unidad y 237 funcionarios. En la jurisdicción de Rancagua serán 34 nuevos integrantes del escalafón de profesionales y empleados.
“El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministerio de Justicia y DD.HH, destacan la aprobación de ley que crea 110 cargos de jueces y que beneficia a 82 tribunales del país. La región de O’Higgins se verá beneficiada con el aumento de dotación, lo que significa que los ciudadanos y ciudadanas podrán optar a un sistema de justicia más ágil, transparente y cercano. La promulgación de ley, se traduce en un fortalecimiento histórico al sistema de Justicia, lo que permite aumentar las posibilidades efectivas de acceder a la justicia”, afirmó la seremi de Justicia, Yosselin Moyano.
La incorporación de los nuevos jueces y funcionarios se hará en forma gradual, en tres etapas: 16 tribunales una vez promulgada la ley, con la incorporación de 21 jueces; 16 tribunales al año de la entrada en vigencia, con la incorporación de 28 jueces y, finalmente, 50 tribunales transcurridos dos años desde la fecha señalada, con la incorporación de 61 jueces.
La norma incluye también los recursos necesarios para su implementación, lo que se traduce en un aumento de los gastos operacionales; de los transitorios asociados a mobiliario y equipos informáticos y de aquellos referidos a infraestructura, asociados a remodelación, habilitación y/o construcción de nuevas salas en aquellos tribunales que no cuentan con espacio para el o los nuevos jueces y funcionarios.
