La iniciativa introduce una distinción para la aplicación de penas a menores infractores de ley, diferenciando dos tramos etarios, de 14 a 15 y de 16 a 17 años, permitiendo sanciones más altas para este último grupo.
La iniciativa introduce una distinción para la aplicación de penas a menores infractores de ley, diferenciando dos tramos etarios, de 14 a 15 y de 16 a 17 años, permitiendo sanciones más altas para este último grupo.

Con la presencia de decenas de representantes del movimiento “Justicia para Joaquín”, este jueves se aprobó en la Sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que busca modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), haciendo una distinción entre los menores de 14 y 15 años respecto de aquellos que tienen 16 o 17 años, estableciendo así una diferenciación entre ambos tramos etarios en materia de determinación de las penas aplicables, al tiempo que endurece las sanciones frente a los delitos más graves.

La iniciativa, presentada a fines del año pasado por el diputado UDI Issa Kort, fue llamada “Ley Joaquín” en memoria del joven Joaquín Fernández Cáceres (18), quien presuntamente fue apuñalado por un menor de 16 años que trató de robarle su celular cuando circulaba por el centro de Rancagua jugando la popular aplicación Pokémon Go. A partir de este hecho, los padres de Joaquín, Gabriel Fernández y Leticia Cáceres, lideraron un movimiento ciudadano que reúne a más de 180 mil personas y ha trabajado con el diputado Kort en la elaboración de esta iniciativa legal.

Según explicó el parlamentario, si bien el proyecto mantiene la distinción en el rango de penas aplicables a los menores de edad respecto de los adultos, se introduce una modificación a la ley 20.084 con el fin de distinguir entre dos tramos etarios, de 14 a 15 y 16 a 17 años, restringiendo para este último grupo ciertos beneficios que no conducirían a la rehabilitación en casos de delitos más graves.

Así, por ejemplo, en casos cuya pena supere los 541 días, “se restringen los trabajos comunitarios como sanción”, de manera que esta sea más drástica. Y ante la posibilidad de que un juez determine la libertad de un imputado, dicha condición solo podrá corresponde a la llamada “libertad asistida”, pues –subrayó el diputado- “es la forma más eficiente para reintegrar a un joven a nuestra sociedad”.

Asimismo –explicó Kort-, la iniciativa “busca dar obligación a los jueces de informar, por escrito y en derecho, cuando decidan otorgar la libertad a un menor de edad que está siendo procesado”.

Tras la aprobación del proyecto, el padre de Joaquín, Gabriel Fernández, expresó su satisfacción “porque se ha dado una señal al país de que los legisladores van a hacer algo respecto a la delincuencia”. Y aunque reconoció que la aprobación de la iniciativa “es un paso importante”, lamentó la oposición del Partido Comunista a parte de su articulado.

“El dolor que hemos tenido no se va a superar”, dijo Leticia Cáceres, “pero es una realidad que nosotros estamos viviendo y estamos haciendo una lucha, justicia para Joaquín”.

Frente a la próxima discusión del proyecto en el Senado, el diputado Kort pidió aprobar la iniciativa con celeridad, “para que los parlamentarios demos las respuestas que la ciudadanía nos demanda”.

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